Muchos temas que se plantean en campaña, una vez pasado el frenesí electoral nunca se resuelven. La Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid lo resumía así antes de las elecciones madrileñas. Los partidos están digiriendo, para bien o para mal en cada caso, los resultados, y encima de la mesa siguen problemas estructurales como la soledad no deseada, la discriminación por edad y el modelo de cuidados. También una brecha digital que se amplía sin parar.
¿Nos ha convertido realmente la pandemia en ciudadanos digitales o empresas y Administración están apostando exclusivamente por un sector de la población?
Si miramos las estadísticas, existe un sesgo de base: los estudios europeos sobre digitalización se refieren a población de 16 a 74 años. La última encuesta del INE sobre equipamiento y uso de las nuevas tecnologías en los hogares españoles, de 2020, señala que un 67,3% han interactuado con las Administraciones Públicas a través de internet y que la franja de edad mayoritaria se sitúa entre los 25 y 54 años. Los mayores de 75 ni aparecen. Directamente se les condena a la irrelevancia o a la dependencia. Es una falta de consideración doble: hacia quienes mantienen una vida activa en la Red, que no computan, y hacia quienes no pueden hacerlo.
En el sector privado, el ejemplo paradigmático es el financiero. Algunos colectivos de pensionistas han sumado a sus reclamaciones la discriminación bancaria por edad. El cierre de sucursales ha dejado sin opciones a miles de vecinos de zonas rurales: no tienen acceso a algo tan básico, tan necesario, como el dinero efectivo. Muchos viven solos y no disponen de ordenadores ni de conexión a Internet. A esa penuria hay que añadir comisiones que no se cobran por las gestiones online. O no poder realizar determinadas operaciones sin ser clientes. ¿Cómo debería responder la banca, que por otro lado alega la necesidad de recortes para sobrevivir?
En el sector público, acaba de entrar en vigor el reglamento para modernizar la administración electrónica, y se necesitaba. También ha empezado a aplicarse la Ley 20/2011 del Registro Civil, por la que el Libro de Familia pasa a ser electrónico. Son pasos necesarios que nos ahorrarán tiempo y recursos públicos. Sin embargo, queda mucho para hablar de digitalización del sector público en España. Hacer trámites online u obtener el certificado digital supone un quebradero de cabeza para usuarios con conocimientos avanzados de tecnología.
¿Cómo esperamos que lo consigan quienes no son nativos digitales? ¿Debe la atención presencial ser un derecho? ¿Son suficientes los planes de capacitación para una población cada vez más longeva?
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