Segunda Oportunidad en tiempos de coronavirus

La pandemia de la Covid-19 ha provocado la destrucción de 900.000 empleos  en apenas 20 días y una avalancha de ERTE. Muchos acabarán en ERE, con la posibilidad de que las empresas terminen en liquidación. Para proteger a sistema y evitar el colapso, se ha establecido una moratoria de dos meses desde el fin del estado de alarma, durante los cuales el deudor insolvente no tendrá que pedir la declaración de concurso. Pero en unos meses podría complicarse la situación.

“Se está formando una ola y veremos sus dimensiones después del verano. Hay que estar preparados”, comenta Alberto Velasco, secretario técnico del REFOR, del Consejo General de Economistas. Para evitar que millones de afectados se vean abocados a la ruina, desde el Consejo piden que se incentiven los acuerdos de refinanciación para las empresas y se simplifique el acceso a la ley de segunda oportunidad para personas físicas vulnerables y autónomos.

Un rápido flashback: la llamada Ley de Segunda Oportunidad se introdujo en 2015 y supuso un gran avance: el deudor de buena fe veía extinguidas sus deudas tras la liquidación de su patrimonio. De esta forma podía volver a empezar sin verse lastrado de por vida por la responsabilidad con sus bienes futuros Sin embargo, es una ley a la que se recurre poco: hubo solamente 2.000 concursos de personas físicas en 2019, según datos oficiales.

¿Por qué? Es muy restrictiva y son muy numerosos los requisitos que tiene que cumplir el deudor para conseguir liberarse de sus deudas pendientes. Para que las deudas se exoneren, el deudor debe pagar muchas otras, bien de manera inmediata o con un plan de pagos que dura 5 años. Es un proceso largo y tortuoso que disuade al deudor a recurrir a él.

Personas (físicas) que se han acogido a la Ley de Segunda Oportunidad hablan de un proceso frustrante, eterno. Los juzgados están atascados, los papeles no se mueven y la segunda oportunidad para volver a ser un ciudadano de primera, recuperando ciertos derechos básicos, nunca llega.

Velasco reconoce que es una ley complejísima, farragosa, pero mucho mejor que lo que había antes: el Código Civil, implacable. Los economistas abogan por simplificarla con formularios más rápidos, menos formales, sobre todo para personas físicas vulnerables. “Se podrían definir escalas, con exención de ciertos requisitos para personas más vulnerables o autónomos”, apunta. “Hay que atender primero a personas físicas, son lo más vulnerable. Luego autónomos y emprendedores. Y ampliarla al crédito público”, subraya.

Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil de la UCM y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, apunta varias líneas de acción: primero, se necesita transponer la Directiva Europea de segunda oportunidad para empresas insolventes (que entró en vigor en julio de 2019 y debería transponerse en los dos años siguientes). 

Además, no tiene sentido exigir el cumplimiento de un plan de pagos a quien no tiene nada. Los juzgados de lo Mercantil, deben recuperar la competencia de los concursos del consumidor, y que estos dejaran de ser atendidos por los Juzgados de Primera Instancia. 

Y el legislador español debe exonerar de crédito público a todos los deudores, sin discriminación en función de que se acojan a un plan de pagos o no. “Una solución intermedia que me parece razonable es permitir la exoneración del 50% del crédito público en el caso de que el deudor consiga abonar el otro 50%. De esta forma se incentiva el pago de al menos una parte del pasivo y el deudor consigue al mismo tiempo un alivio”. Esta medida podría decretarse de manera inmediata y sería un gran alivio para los autónomos afectados por las medidas decretadas por el estado de alarma.

Cuena señala además que es urgente reformar la administración concursal. Con ella coincide David Ramos, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. “El sistema necesitaría que la gente más preparada pudiera ayudar a los más necesitados a reestructurar su deuda, pero no está bien remunerado ni claro a lo que pueden exponerse por asumir la responsabilidad de gestionar un concurso complejo y mal pagado”.

Desde REFOR reconocen que los honorarios de la mediación concursal son ridículos, ya que a muchos profesionales les cuesta más el desplazamiento que lo que cobran. “Deberían plantearse soluciones alternativas como un turno de oficio compartido con abogados, economistas titulares mercantiles y auditores. Se podría hacer un fondo común”, señala Velasco.


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