¿Puede la Comisión Europea aportar soluciones a la crisis de la vivienda?

En un reciente evento del Capítulo Español de la “Asociación Internacional de Antiguos Funcionarios de la Unión Europea”, que tuvo lugar en esa joya histórica llamada Residencia de Estudiantes de Madrid, se me preguntó sobre la receta de Die Linke en Berlín. Contesté que ni expropiaciones ni la libertad total del mercado son la solución. Ni engañar a la gente que el problema de la vivienda tiene fácil y rápido arreglo. Opina Jesús Rivasés en “La Razón” – y estoy de acuerdo con él – que las medidas propuestas por el Gobierno en Madrid o Die Linke en Berlín tendrán como consecuencia que los propietarios, sean particulares o fondos, “cada vez alquilarán menos o lo harán en condiciones leoninas, solo al alcance de unos muy pocos privilegiados, Por supuesto, habrá menos viviendas para arrendar y a precios mucho más caros”.

Por el otro lado, intervenciones de las administraciones públicas para liberar suelo apto para la construcción, promover vivienda social por parte de consorcios público/privados, disminuir trabas burocráticas, incrementar las fuentes de financiación y desgravación fiscal para la oferta y la demanda, así como controlar que ni la una ni la otra parte cometan excesos me parecen medidas necesarias en estos tiempos de crisis. Ya en los años 60 del siglo pasado, Karl Schiller, catedrático de Economía y ministro de Economía y Finanzas, propagó una fórmula de gestión para solucionar problemas como el de la vivienda que todavía hoy se sigue citando a menudo en Alemania: “Tanto mercado como sea posible, tanta intervención política como sea necesaria”. Soy consciente que esta propuesta es fácil de formular y difícil de poner en práctica, pero tengo la esperanza de que Bruselas presente ideas interesantes el 12 de noviembre en Dublín, durante la cumbre del Consejo Europeo que se quiere centrar en la crisis de la vivienda.

Como lo ha hecho hace poco con propuestas de mucho calado que han pasado casi desapercibidas en la opinión pública. Con la meta de facilitar la movilidad en la Unión Europea mediante la digitalización de documentos claves de la Seguridad Social, incluida la tarjeta sanitaria europea, así como la estandarización y digitalización de las cualificaciones laborales. Para acortar, como escribía Silvia Ayuso en “El País”, “los procesos de reconocimiento de titulaciones y, sobre todo, acelerar la contratación de profesiones reguladas y muy reclamadas en el mercado único, especialmente en el ámbito sanitario”. Los europeos beneficiados no solo serán los que viven permanentemente en otro país miembro de la UE o atraviesan cada día la linde que separa su domicilio de su puesto de trabajo., también los turistas por contar con una tarjeta sanitaria única.

Igual de interesante será ver cómo Comisión y Consejo Europeo afrontarán el problema de la crisis energética, con los precios de la gasolina, el gas y la electricidad por las nubes. Lo que ha llevado a tasas de inflación muy altas – ¡disparándose la española en septiembre al 4,9%! – y difíciles de bajar, porque los gobiernos tienen poco margen fiscal de maniobra. El temor a que también este tema encienda las calles de protestas, como lo hicieron hace unos años los “chalecos amarillos” y ahora los estudiantes en París, inquieta a muchos gobiernos. Especialmente en los países donde habrá elecciones generales en 2027: Francia, Italia, Polonia, Finlandia, Grecia, Eslovaquia y Estonia, mientras que en España se adelantan, por decisión de Pedro Sánchez después de la derrota parlamentaria de sus dos decretos ley para paliar el problema de la vivienda.