Exclusiones digitales y estado de derecho

La exclusión bancaria de los mayores es el preludio de una oleada de grandes exclusiones que afectará a generaciones cada vez más jóvenes, poniendo en riesgo la convivencia social.

El clamor ya tiene cifras concretas, y son alarmantes. Un 70% de los mayores de 50 años en España se sienten excluidos por los bancos, según una macroencuesta elaborada por el diario 65ymás. Entre los mayores de 50 años, un 40% tiene dificultades al operar con los cajeros automáticos, y la cifra alcanza el 32% entre 45 y 50 años. Estamos, pues, ante una emergencia intergeneracional.

En los mayores de 80 años, el problema es dramático: un 51% ni siquiera sabe cómo operar por internet, no se aclara con los cajeros y ve como su sucursal bancaria desaparece de su barrio o reduce drásticamente el horario de ventanilla. La deshumanización de la sociedad en la era tecnológica era algo tan sencillo y tan poco cinematográfico como un ciudadano incapaz de disponer de su dinero porque no hay ninguna persona al otro lado para prestarle ese servicio.

Carlos San Juan, un hombre de 78 años, ha liderado una revuelta desde la nada para pedir algo tan elemental como “un trato más humano” por parte de los bancos. Su campaña ‘Soy mayor, no idiota’ ha copado titulares de prensa y minutos de televisión, y ha culminado con la entrega de 600.000 firmas de apoyo a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Un reciente artículo de Funcas, centro de análisis financiero de referencia, siembra el optimismo al confirmar que la digitalización bancaria se ha incrementado particularmente entre la población mayor, rural, de orígen extranjero y con menores ingresos. Pero Funcas subraya que si bien “más ciudadanos se decantan por el canal digital, todavía la presencialidad en las relaciones banco-cliente es valorada por los clientes”.

La revuelta de los mayores por la exclusión bancaria es el preludio de una oleada de exclusiones que afectará a generaciones cada vez más jóvenes, y que sacudirá los cimientos mismos de nuestro estado de derecho. Ya hoy, jóvenes de 30 años admiten no entender absolutamente nada del metaverso, ese universo virtual en el que presuntamente se desarrollarán nuestras vidas en el lapso de una década. La digitalización avanza a mayor velocidad que los relevos generacionales, y la pandemia de Covid-19 ha acelerado transformaciones digitales que no por necesarias, dejan de ser preocupantes para nuestra calidad democrática.

«Por no mediar con una máquina se dejan de hacer cosas, y es lo que hay que evitar», señala el sociólogo coruñés Francisco Haz, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Es “demencial”, dice Haz, “no dar ayudas sociales porque la gente no sabe hacer los trámites, o no acudir al médico porque solicitar la cita es una especie de gincana, es imposible. La tecnología debe estar ahí para ayudarnos, no para limitar los derechos de la ciudadanía al no poder acceder a los servicios públicos que nos corresponden”.

La siguiente brecha que nos sacudirá a todos en los próximos años es la digitalización de la administración pública. Ya cada vez es más difícil interactuar físicamente con la Seguridad Social, con el centro de salud o con un ayuntamiento, entornos fundamentales para nuestra vida. En 2017, el sociólogo y miembro del CSIC José Manuel Robles advirtió de que “la desigualdad digital es injusta en la medida en que, como consecuencia de la digitalización de cada vez más servicios, podamos llegar a ser ciudadanos parciales, consumidores limitados o activistas con menos recursos para la movilización”. “No estar en disposición de usar los servicios de la administración digital no es solo un problema relacionado con Internet. Pertenece a la esfera del buen gobierno y/o de la democracia o, si se prefiere, a la esfera del estado de derecho”, concluyó Robles.

“Las tecnologías son lenguajes que hay que aprender, sobre todo cuando caes en un ecosistema que eclosiona de golpe y en el que no habías vivido nunca”, subraya a su vez el sociólogo Eleder Piñeiro, profesor de la Universidade da Coruña. “La tecnología puede unir, porque muchos mayores socializan enseñando la foto de su nieto en el móvil, pero no se le puede imponer a nadie”.

¿Qué será de más de la mitad de la población española si elementos fundamentales de nuestra vida social pasan por entornos cada vez menos accesibles, y por lo tanto más discriminatorios y elitistas? No nos podemos permitir una sociedad de dos velocidades, la que accede a todas las oportunidades y la que queda rezagada, carente de derechos fundamentales y servicios básicos, en base a algo tan perverso como la edad y las condiciones socioeconómicas de los sujetos.

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