¿La respuesta a la desinformación debe ser más regulación? En Francia un consejo de deontología debate acerca de cómo combatir las fake news. Con la desafección política y la crisis del discurso civil aumentan las campañas de desinformación. ¿Estamos preparados para detectarla? Más del 80 por ciento de los estadounidenses se considera lo suficientemente capaz de detectar informaciones falsas, según un sondeo del Pew Center, aunque una encuesta reciente realizada por investigadores de varias universidades y comisionada por The Conversation ha puesto de manifiesto que apenas dos de cada diez participantes lo consigue. Con las elecciones americanas en unos meses, los expertos en desinformación son conscientes de que el ruido no ha hecho más que empezar y que gran parte de los votantes se verá confundido por él.
Es un fenómeno mundial: en el primer trimestre de 2019, Facebook cerró 2.200 millones de cuentas falsas, según la Unión Europea. Y complicado de atajar. Como destacaba la investigadora del CIDOB Carme Colomina en el anuario de este think tank hace unos meses, “la desinformación siempre va un paso por delante. Los avances tecnológicos preceden cualquier medida o legislación que pretenda regular sus efectos. La línea divisoria entre propaganda e información es cada vez más borrosa, también en las democracias occidentales”.
Los medios son los grandes perjudicados. En Francia, donde según datos oficiales el 24% de los ciudadanos se fía de los medios de comunicación, ha empezado a funcionar esta semana un consejo nuevo de deontología periodística “autorregulado e independiente del Estado” que pretende insuflar confianza en el público. No ejercerá ninguna sanción, se limitará a emitir recomendaciones. Era una de las demandas del secretario de Estado para la transición digital. Se estructurará en torno a una junta de 30 miembros entre periodistas, editores de medios y asociaciones que representan al público. Estos miembros examinarán los archivos en comisiones reducidas y propondrán opiniones que deberán ser adoptadas en sesión plenaria por la junta directiva.
De momento el consejo ha dividido a la profesión. “Nace del dolor y la división”, escribía un articulista de Libération. Entre sus defensores está Jean-Christophe Boulanger, editor de la revista política online Contexte, entre otras cosas por la necesidad de “reestablecer la diferencia entre información -que obedecer a reglas deontológicas- y libertad de expresión -que no se debe a ellas-.
Por el contrario, algunos de los mayores editores de Francia consideran que ya rinden cuentas a diario ante sus espectadores, oyentes y lectores. Y que por ese motivo han de ser ellos quienes juzguen a los medios, no los periodistas entre sí. Opinan que este organismo nace a instancias del gobierno y “crea un código de apreciación moral al margen de la ley”, expresaba a Le Monde Marc Feuillée, director general del diario Le Figaro. El director de Le Monde, Jérôme Fenoglio, añadía que su diario ya cuenta con un comité ético muy activo.
Un grupo de medios ha firmado una declaración en contra. Cualquiera que se sienta difamado, subrayan sus autores, puede recurrir a las instancia judiciales que existen. “El peor favor que se le puede hacer hoy a los medios es obligarlos a plegarse a una norma deontológica artificial”. El debate todavía se libra en los medios, pero se espera que pronto tenga eco en la ciudadanía. Lo que no se puede estimar aún es si el cambio generará más confianza.
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