El último acuerdo migratorio de la UE deja demasiadas preguntas en el aire y no convence a ninguno de sus firmantes. Aunque la presión popular es tal que los Veintiocho han reconocido que es el menos malo de los compromisos.
Después de meses de tensión incremental, los socios de la UE han adoptado un compromiso descafeinado, doloroso, reconocían algunos en privado. El primer acuerdo migratorio, eso sí, que lleva el sello común europeo. Entre otras cosas, contempla centros “controlados” para separar a los refugiados de los migrantes económicos, que en teoría deberán ser devueltos a sus países de origen.
Esta iniciativa no es nueva. En 2015,en la Agenda Europea de la Migración, Bruselas autorizó que se habilitara una decena de esos centros, los conocidos como hotspots, para gestionar la oleada de personas que llegaban a las costas de Grecia e Italia. Como se ha visto, el problema no se resolvió.
Ahora no se sabe ni siquiera dónde se construirán esas dependencias nuevas: si dentro de la UE, fuera o ambas posibilidades. El asunto es tan controvertido que los Veintiocho no lo han mencionado expresamente. Son los propios Estados los que deben dar previamente su consentimiento para que se instalen los centros en sus territorios.
“Si se trata de asegurar que la gente tiene un acceso efectivo a la protección y se les proporciona todo lo que necesitan, en un centro de la UE, no me parece mal. Pero tendríamos que estar hablando de eso”, comenta Carmen Pérez, Profesora de Derecho Internacional Público y RRII en la Carlos III, y ex asesora de la Secretaría de Estado de Inmigración (2004-2008). “Si son centros fuera de la Unión no se puede enviar a la gente a lugares donde sabemos que sus derechos van a ser vulnerados, incluso a sufrir explotación y esclavismo, como se comprobó en Libia”.
Reacios
De momento, Marruecos, Argelia y Túnez han rechazado la idea de acoger esos centros. También se han negado Bosnia, Albania y Montenegro, y eso que los dos últimos son candidatos a ingresar en la UE.
Bruselas tendrá que negociar con terceros países, al tiempo que gestiona la mala prensa de los centros en territorio comunitario. Hace unos días, seis ONGs francesas publicaron un duro informe anual sobre la situación de estos lugares en la Francia metropolitana y en territorios de ultramar. “Los extranjeros en situación irregular no están detenidos allí sino retenidos porque les encierra la administración, no un juez, esperando a que los reenvíen a su país de origen o a otro estado de la UE”, explica David Rohi, responsable de la ONG Cimade.
“En el discurso oficial, los hotspots figuran como centros de identificación, registro o recepción. Deberían cumplir con la legalidad en lo que se refiere a la libertad de movimientos, pero algunos acaban siendo centros de detención de facto”, subraya Izabella Majcher, abogada experta en derechos humanos, refugiados e investigadora del Global Detention Project.
Estos centros se inspiran en el modelo de Australia, que ha externalizado su gestión del problema a varias islas como Nauru o Papúa Nueva Guinea, a centros pagados por el gobierno australiano pero de gestión privada. Las condiciones de vida son tan duras que han suscitado la protesta del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y numerosas organizaciones humanitarias.
Es muy significativo que el ex primer ministro australiano, Tony Abbot, manifestara en su día que el océano era un frente de batalla para la UE. Abbot también dijo que amando al prójimo como a sí mismos los europeos solo conseguirían debilitarse. Una idea celebrada por cada vez más partidos de extrema derecha con más peso en la UE, para quienes no hay que gestionar la migración sino defenderse de ella.
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