Los debates éticos de un año que nos hará pensar

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Los debates éticos de un año que nos hará pensar

Es ridículo hablar de ventajas de la pandemia, pero está sirviendo para plantear algunos asuntos urgentes y varios debates éticos en nuestra sociedad. Los mayores, la política de vacunación, la democracia o la desinformación son algunos de ellos.

-Sobre los mayores. Lo sucedido en las residencias, donde se estima que ha fallecido al menos el 47% de todas las víctimas de la covid19, representa uno de los mayores fracasos colectivos de la pandemia. El informe del Grupo de Trabajo Covid-19 y Residencias planteaba hace unos días realizar auditorías a nivel autonómico y nacional para señalar todo lo que falló. Pero más allá de depurar responsabilidades, el modelo necesita un replanteamiento. Vivimos en sociedades cada vez más envejecidas y ya no valen los esquemas de hace medio siglo. Desde que una persona se jubila o sus hijos se van de casa hasta que fallece pueden pasar 20 o 25 años. En algunos casos, ese ciudadano será dependiente o necesitará atención médica; en otros, no. La casuística es enorme y no estamos adaptados a eso.

Para Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, no importa tanto que las residencias sean públicas o privadas como atender a los cuidados que se generan en cada centro y la atención que recibe cada persona. La calidad no está solamente en la limpieza, la cordialidad y el respeto a los horarios –que también-, sino en atender lo mejor posible a sus hábitos y preferencias. Desde hace 10 meses, la individualidad de muchos ancianos en residencias ha quedado barrida por completo.

Algunos expertos creen que vamos hacia un modelo de residencias más pequeñas o de atención al mayor en sus casas. Hoy lo cierto es que los servicios de ayuda a domicilio (SAD) están muy poco desarrollados: los horarios de la prestación son restringidos y hay muchas zonas rurales donde no se prestan. Se abre un horizonte económico, jurídico y social que es preciso atender.

-Sobre la política de vacunas. “Tendremos que esperar” es una de las frases más repetidas estos días para referirse a la llegada de la ansiada vacuna, ya que está claro que no habrá para todos en un primer momento. En España el plan es contar con 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de personas en tres fases. En la primera fase, que transcurrirá entre enero y marzo, se vacunará a grupos selectivos. Entre marzo y junio se esperan más dosis, y a partir de junio se prevé un número suficiente para vacunar a toda la población.

Existen varios debates encima de la mesa. Por un lado, quién debe recibir esas primeras dosis. ¿Sanitarios y personas mayores y de riesgo o aquellos que tienen mayor interacción social, como señalaban investigadores de la Universidad Khalifa de Abu Dhabi? El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos, recomienda que sean los sanitarios, trabajadores esenciales, pacientes de alto riesgo y mayores de 65 años. Lo mismo indica la reputada viróloga Margarita del Val, del CSIC.

¿Ha de ser obligatoria? En el último sondeo el CIS apuntaba que un 43% de la población no está dispuesto a vacunarse contra el Covid-19, frente a un 40% que sí y de forma inmediata. En principio el gobierno descarta la imposición porque podría ser contraproducente, aunque en algunas regiones como Galicia amenazan con sanciones a quien no se la ponga. Existen circunstancias que permiten obligar a ello, y se puede llegar hasta la intervención de los jueces, como ocurrió en Granada (2010), Barcelona (2019) y Vigo (2019), cuando estos fallaron a favor. Lo deseable, en todo caso, es no llegar a la judicialización.

Por último está la ética asociada a la distribución internacional. Si todas las vacunas acabasen funcionando, se podría vacunar a la mitad de la población mundial el año que viene, con las dos dosis que requieren algunas. Pero para eso tendría que darse un reparto equitativo y eso no ocurrirá: a la par que la carrera por conseguir la vacuna transcurría la competición de los gobiernos por procurarse dosis para su población. Estados Unidos, la UE, Reino Unido, Canadá, Japón y Australia, con el 13% de la población mundial, han comprado el 52,7% de las vacunas. En total son 3.850 millones de dosis reservadas por los países ricos. El fondo de compra de vacunas impulsado por la OMS para garantizar el acceso de los países pobres, Covax, únicamente ha firmado contratos por 700 millones. Mientras que la UE ha reservado dosis para vacunar dos veces a toda su población, los 67 países que sólo pueden recurrir al Covax apenas podrían proteger al 7%. Stephen Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, pregunta: “¿Es legítimo comprar tres veces las vacunas que necesitas? ¿Y esperar a vacunar al 80% de tu población antes de que otro pueda llegar al 5%?”. ¿Tendrá el acceso desigual a las vacunas unas consecuencias sociales parecidas a las que vimos en los años 90 con los antirretrovirales?

-Sobre democracia y derechos fundamentales. China consiguió acabar con el virus en unas semanas, tomando medidas drásticas que incluían, en muchos casos, tratamientos inaceptables en las democracias occidentales: cartillas Covid digitales, seguimiento ciudadano, cámaras de control, confinamientos duros… Su propaganda, y algunos analistas, apuntan a un golpe de efecto de los sistemas autoritarios: ¿Protegen mejor a sus ciudadanos? ¿Cuántas vidas es aceptable perder en aras de la libertad? Un chiste gráfico que circula en China deja clara esta visión: a un lado, un occidental mirando a China confinada y gritando: “¡No respetan los derechos humanos!”. En la segunda viñeta, un montón de occidentales con pancartas a punto de ser devorados por una ola de coronavirus y una frase: ¡No queda ningún humano!

También en las democracias se puede abrir un debate sobre la limitación por parte del Estado de los derechos fundamentales. Hemos asumido con docilidad, de forma racional, que se diga con cuántas personas nos tenemos que reunir en nuestras casas o que se nos limiten los movimientos durante meses. ¿Dónde está el límite? ¿Se han cedido derechos con poco supervisión y control por parte del Parlamento?

-Sobre desinformación y derechos digitales. El pasado 5 de noviembre, el Gobierno español decidió que va a monitorizar de forma permanente en busca de las noticias falsas. Un comité, formado por miembros ministeriales y de Moncloa, formará parte del observatorio. La respuesta puede incluir represalias cuando esta desinformación provenga del extranjero. Pero, ¿debe el gobierno intervenir en la dialéctica natural entre verdad y mentira, ahora tan presente en las redes sociales? Twitter y Facebook han lanzado una campaña de bloqueo de cuentas que promueven bulos sobre la pandemia. ¿Deben ser estas empresas privadas, que forman un oligopolio, las que tengan el control de qué se puede publicar y qué no? ¿Con o sin control público?

 

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