Por distintos motivos, el asesinato del periodista saudí plantea un dilema a diplomáticos, políticos y medios de comunicación.
La última columna de Jamal Khashoggi en el Washington Post se lee hoy como una premonición terrorífica de su destino. El periodista saudí exiliado en Virginia, EEUU, resumía su postura desde el titular: “Lo que más necesita el mundo árabe es libertad de expresión”.
Estremece pensar que cuando ese texto llegó a manos del editor el pasado 3 de octubre, Khashoggi ya estaba muerto. El escritor y activista le había encargado a su asistente que lo enviase mientras él viajaba a Turquía para casarse. En Estambul fue al consulado de su país para recoger unos papeles que necesitaba. Nunca salió de allí. Fue un “asesinato planeado” por un comando saudí, según la investigación turca de los hechos narrada por el propio presidente Recep Tayyip Erdogan. Los miembros del comando están directamente relacionados con el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán.
La historia supera a cualquier thriller. Khashoggi acudió al consulado saudí a por un documento que necesitaba para casarse, pese a que sabía que se estrechaba el cerco sobre él. Según varios amigos suyos, en los últimos meses un asesor de Bin Salman intentó convencerle de que volviera a su país. “Como activista, yo jamás pondría un pie en la embajada saudí aunque tuviera que renovar mi pasaporte”, insiste la profesora saudí Madawi Al-Rasheed, residente en Londres y muy crítica con Riad.
Líneas rojas
No es la primera vez que un estado habría eliminado a un disidente o contratado a sicarios para hacerlo. Pero aquí se han cruzado varias líneas rojas. “El asesinato, si se prueba, se produjo en una legación diplomática”, comenta un diplomático español. Un colega suyo americano añade: “EEUU le ha ofrecido a los saudíes asistencia del FBI en una investigación, pero se han negado. Resulta sospechoso”.
El petróleo y las inversiones pesan y ningún gobierno del mundo quiere ponerse a Arabia Saudí en contra. Y sin embargo, Alemania ha anunciado el cese temporal de armas al reino a Riad. Otros como Francia o España han decidido continuar con sus contratos. Autoridades, instituciones y empresas, desde el FMI a Google, han evitado ir a la conferencia de inversiones que organizaba esta semana la capital saudí, conocida como el Davos del desierto.
De momento, Riad no ha tomado represalias con las empresas porque sería muy humillante, explicaba a Al Jazeera Luciano Zaccara, coordinador del Centro de Estudios sobre el Golfo en la Universidad de Catar. Pero cuando pase un tiempo se espera que Riad pida a las compañías que se signifiquen, y estas se juegan muchos millones. Dos ejemplos: la financiera Blackstone tiene firmado un memorando de 40.000 millones de dólares con el fondo soberano saudí. Uno de los jefes de ese mismo fondo se sienta en el consejo de administración de Uber.
El otro gran actor es el gobierno de Estados Unidos. Para Donald Trump, que fue el principal valedor del príncipe saudí, es cada vez más difícil justificar a Bin Salman. La presión de la opinión pública y de los legisladores estadounidenses crece, con peticiones de sanciones y analistas que directamente acusan al presidente Trump de agachar la cabeza ante un sátrapa. El escándalo ha estallado en un momento delicado en la política nacional, justo antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
Fuente incómoda
Para los medios resulta embarazoso que Turquía sea la fuente principal de información en el caso Khashoggi. Entre otras cosas, a Ankara se le reprochan violaciones reiteradas de los derechos humanos. “Erdogan (…) está jugando sus cartas para conseguir enormes concesiones de Arabia Saudí y EEUU. En sus manos estaría el futuro de la sucesión saudí. ¿Le darán lo que pide?”, comenta el analista del Instituto Elcano Haizam Amirah-Fernández en Twitter.
Occidente alabó la supuesta modernización de un reino que, según todos los indicios, está detrás de este crimen. “Nos callamos cuando MBS lanzó guerra en Yemen (peor catástrofe humanitaria que existe), secuestró al primer ministro del Líbano y a varios parientes, condenó a Qatar a cerco económico y político y cuando persigue y arresta activistas de derechos humanos. Por eso pensó que podía descuartizar a Khashoggi”, opina la corresponsal Mónica G. Prieto, con una larga trayectoria en Oriente Medio.
Para Roula Khalaf, analista del Financial Times, se ha desmontado el mito del árabe joven reformista: “Cuando se trata de Oriente Medio, los occidentales siempre confunden juventud con compromiso de cambio”.
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