«Economía de los datos, ¿oportunidad para quién?»
El recurso más cotizado en el planeta son los datos personales. Se suele comparar su peso en la economía hoy con la importancia del petróleo en la era industrial porque han generado una espiral de riqueza que beneficia directa e indirectamente a millones de personas. Poder trabajar con cantidades enormes de terabytes se traduce en avances de la medicina, la agricultura o en una mejor gestión de las ciudades, por ejemplo. Sin embargo, buena parte de la información circula por cauces opacos:
muchas empresas y gobiernos los recopilan, los cruzan y los intercambian sin avisar. Y se lucran sin que los usuarios reciban nada a cambio.
Los ciudadanos son doblemente pasivos: por un lado, no ejercen sus derechos; por otro, alimentan un sistema del que no sacan ningún rédito económico, aunque podrían hacerlo.
Regalando información
Hasta 2017, la mayor parte de los datos personales apenas estaban protegidos, sin anonimizar. Medios como el Financial Times ya se habían aventurado en 2013 a estimar lo que vale la información vertida cada día en la Red, pero apenas existía conciencia de la sobreexposición del ciudadano: su dirección, género, empleo, vicios, preferencias políticas, sexuales o religiosas estaban al alcance de cualquiera que supiese mínimamente cómo funciona Internet o a quién pagar por esos paquetes de información sin encriptar. Como subraya Marta Peirano en El enemigo conoce el sistema (Debate, 2019), los usuarios llevan años regalando inconscientemente su información personal. A menudo, sin saber que su información dispersa en la Red es convenientemente ordenada y empaquetada por data brokers y que no pueden borrarla aunque quieran.
El fiasco de Cambridge Analytica hizo sonar la alarma en 2018. El mensaje “si algo es gratis, es que el producto eres tú” empezó a permear en los ciudadanos. Empezó a cuestionarse que gigantes tecnológicos como Facebook, Instagram o Youtube basen su modelo de negocio en atesorar y vender la información de los usuarios. Ese mismo año, Facebook ganó 55.000 millones de dólares por publicidad; Google, más de 116.000, pero ninguna quiso desglosar qué cantidad provenía del comercio de datos.
La ley en España obliga a las empresas a informar sobre qué datos tienen de los usuarios, con quién los comparten, si están haciendo portabilidad de sus datos del extranjero y cuánto tiempo piensan almacenarlos. Pero las compañías no siempre cumplen, o lo hacen de forma parcial. “La dimensión del problema es mucho mayor de lo que la gente de la calle piensa. Los datos en marketing para empresas y conocimiento social de las instituciones se han usado siempre. La diferencia es que ahora no sabemos para qué”, explica Ángela Álvarez, cofundadora de Mydatamood.
Esta plataforma nació el año pasado y cubre dos áreas clave: en primer lugar, permite a los usuarios ejercer ciertos derechos como el de oposición a que usen sus datos bajo el argumento del interés legítimo y el derecho de acceso. Pronto añadirán también el derecho al olvido. En segundo lugar, los registrados en la plataforma deciden qué datos compartir, cuándo hacerlo y con qué empresas, a cambio de un beneficio económico o en forma de productos o servicios. “Nosotros no vemos como algo antagónico que por un lado los usuarios elijan proteger su privacidad y al mismo tiempo obtener beneficios por sus datos. De hecho sería muy recomendable hacer ambas cosas. La ley ya está ahí ahora los ciudadanos deben recurrir a ella”, señala Álvarez.
Cada vez más empresas, apunta Álvarez, están aplicando técnicas antiguas como la discriminación de precios, pero esta vez basada en datos incontrolables para el consumidor. Varias fuentes aseguran que servicios de coches como Uber o Bolt no solamente establecen un precio de sus trayectos en base a la oferta y la demanda del servicio en un momento preciso, sino también en función del nivel de batería del usuario. Cuando queda menos, se entiende que el nerviosismo del cliente aumenta, ya que necesita el teléfono activo, y acepta pagar más. Las plataformas siempre han desmentido esta práctica.
Poner orden
Para Colin Koopman, profesor de filosofía de la Universidad de Oregón (EEUU) experto en cibervigilancia, se debe consensuar una ética adecuada de los datos, con leyes y políticas que regulen la privacidad de los datos personales y el sesgo implícito en los algoritmos. Para eso hay que pensar en las tecnologías de datos a medida que las construimos, no después de que se haya perfilado y categorizado a millones de personas. Por su parte, el ciudadano debe plantearse que su huella digital a menudo puede borrarse y también monetizarse.
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