Meses antes de las elecciones europeas, una de las preguntas en el aire era cuánto daño causarían la desinformación y los ciberataques, fundamentalmente rusos. ¿Ocurriría lo mismo que con la campaña del Brexit?
Mentiras flagrantes llevan varios años goteando sin pausa desde servidores en distintos puntos del planeta y han llegado a más de la mitad de los europeos, según un informe de SafeGuard Cyber. Por ejemplo, la noticia “Los lobbies son los dueños verdaderos de la UE”, publicada en la edición alemana de Russia Today el 12 de mayo. Otra colgada en Anonymous.ru aseguraba que “el vicepresidente de la Comisión aboga por una inmigración masiva de musulmanes a Europa”. Exactamente el discurso que viene sosteniendo el partido xenófobo de Marine Le Pen.
La Unión Europea está librando una guerra a la que ha llegado tarde. Lo reconocen los responsables de la East StratCom Task Force, una unidad específica lanzada en marzo de 2015 para combatir la propaganda del Kremlin. Durante meses, a través de la web EUVSDisinfo, decenas de funcionarios y colaboradores han ido detectando y desmintiendo narrativas interesadas que solo pretendían desacreditar el proyecto comunitario. De las 600 fuentes de desinformación analizadas, la mayoría eran bots (programas informáticos que realizan automáticamente tareas repetitivas a través de Internet). El 80% de ellos pueden llegar a generar un millón de tuits diarios.
A pesar de todo, en las urnas no hubo debacle. La participación fue de casi el 51%, la más alta de los últimos 20 años. Aunque en países de peso, como Francia e Italia, los eurófobos lograron un resultado significativo, no van a poder constituir una fuerza de bloqueo en el Europarlamento. “Parece que no hemos sufrido ataques o que los hemos sabido controlar. Creemos que todas estas campañas que hemos hecho sobre la desinformación han calado. Cada vez es más complicado que la gente se crea de buenas a primeras todo lo que aparece en la Red como pasaba hace tres o cuatro años”, apunta Pablo Pérez Armenteros, jefe de Social Media en la Comisión.
La maquinaria de propaganda rusa es más potente y está mejor engrasada que la de la UE, reconoce Anneli Ahonen, periodista finlandesa que hoy trabaja en la East StratCom Task Force y que anteriormente informó sobre las granjas de trolls en San Petersburgo. Ahonen sabía que la prueba de fuego eran los comicios del pasado 26 de mayo, pero también que esto es una carrera de fondo y que su unidad de trabajo cuenta con tres millones de euros de presupuesto, una cantidad más modesta que la que pueda manejar todo el frente euroescéptico.
Las falsas noticias, además, no son solo patrimonio de Sputnik o RT, sino también de algunos gobiernos dentro de la Unión. El pasado agosto, cuando se derrumbó el puente Morandi en Génova, el vicepresidente Salvini no tuvo reparos en culpar a la Unión Europea, sugiriendo que Italia quizás no debería estar sometida a las restricciones presupuestarias de Bruselas. La estrategia de la UE fue la de responder, aunque tardó dos días. “Pusimos en marcha los medios para contrarrestar ese ataque, pero tuvimos que pensar quién respondería”, explica Pablo Pérez Armenteros. Un portavoz de la Comisión declaró en la rueda de prensa diaria: «Creemos que ha llegado el momento de dejar algunas cosas claras. En el periodo 2014-2020 Italia va a recibir alrededor de 2.500 millones de los fondos estructurales europeos para invertir en redes de infraestructuras como carreteras y vías de ferrocarril».
En la propagación de este tipo de relatos falsos tienen mucha responsabilidad las plataformas estadounidenses, con las que Bruselas ya ha empezado a trabajar. En febrero, Facebook, Twitter y Google se comprometieron a revelar quién está detrás de los anuncios promocionados. Antes no se sabía quién los pagaba. De momento, Twitter y Google siguen sin cumplirlo. Facebook, en el punto de mira del público tras varios escándalos recientes, sí lo hace.
Este código de buenas prácticas no es legalmente vinculante, pero ha sido el primero que suscriben los gigantes tecnológicos americanos, y ha sido en suelo comunitario. “Ese código es prácticamente una utopía en EEUU. No les van a meter una multa mientras respeten la ley de protección de datos, pero es un compromiso”, explica Pérez.
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