La ética en la digitalización de Hacienda: ¿Ángel o demonio para las empresas?
Raquel Canosa
Diciembre 10, 2024
En la última década, la digitalización ha revolucionado la mayoría de los sectores económicos, y la administración tributaria no es una excepción. Sin embargo, la rápida incorporación de tecnologías plantea un debate fundamental: ¿cómo abordar la ética en este proceso?
La ética en la digitalización no se trata solo de eficiencia, sino de responsabilidad. La tecnología aplicada a las administraciones debe de estar diseñada y utilizada de manera que no genere injusticias sociales o económicas que puedan impactar negativamente en las personas o la sociedad. En el corazón de toda digitalización, son los seres humanos quienes diseñan, programan y supervisan estos sistemas, y es inevitable que los algoritmos proyecten sus valores y sesgos.
En España, el Ministerio de Hacienda es uno de los organismos públicos más digitalizados, algo lógico dado su papel en la recaudación de impuestos. La automatización tiene el potencial de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y combatir el fraude. Pero, ¿qué ocurre cuando este proceso automatizado se convierte en un riesgo para los derechos de los contribuyentes?
Cada vez son más las voces que cuestionan si la digitalización en Hacienda beneficia o perjudica a las empresas, especialmente a autónomos y pymes. Las campañas masivas de inspección a determinados tributos pueden ser un ejemplo de una ética dudosa. A menudo, las alegaciones presentadas por los contribuyentes reciben respuestas automáticas, casi idénticas y sin un análisis específico de cada caso. Esto genera frustración y lleva a muchos a aceptar sanciones o liquidaciones sin recurrir, simplemente para evitar los gastos y el tiempo que implica un proceso judicial.
La digitalización en Hacienda, sin duda, tiene un gran potencial, pero es vital que se aplique de forma ética
Otro aspecto inquietante es el uso de datos que Hacienda obtiene de la información facilitada por los contribuyentes, efectuando un uso torticero de los mismos. Cada vez es más habitual que Hacienda exija a los empresarios que informe las cantidades que adeudan a sus proveedores, para en lugar de pagarles a ellos, paguen a Hacienda porque estos tienen deudas tributarias, y todo ello bajo la amenaza de sanción si no lo hacen. Esta medida no solo carga a los contribuyentes con responsabilidades administrativas que no les corresponden, sino que también genera una sensación de vigilancia constante.
Otro ministerio, el de Asuntos Económicos y Transformación digital, dentro de la llamada Ley Crea y Crece, ha promovido la Factura Electrónica, cuyo desarrollo tecnológico ha sido encargado al Ministerio de Economía y Hacienda.
Uno de los fines principales de esta iniciativa es supervisar los plazos de pago entre empresas, obligando a detallar en cada factura electrónica, cuándo los clientes cumplen con sus obligaciones. En caso de superar los 30 días, dicha información podría utilizarse para vetar el acceso a subvenciones públicas a los infractores. Sin embargo, este enfoque plantea dudas: ¿realmente beneficia al contribuyente o responde a intereses más alineados con el control gubernamental?
Por ejemplo, la medida no considera alternativas que podrían ser más favorables para los contribuyentes, como eximir temporalmente del pago de IVA a quienes no hayan cobrado una factura o destinar subvenciones a ayudar a los clientes que enfrentan dificultades económicas. Este desequilibrio sugiere que la herramienta se orienta más a sancionar que a apoyar.
La digitalización en Hacienda, sin duda, tiene un gran potencial, pero es vital que se aplique de forma ética, respetando los derechos de los contribuyentes y promoviendo una distribución justa de la carga tributaria. De lo contrario, podría transformarse en una herramienta de coacción, más que de colaboración, perdiendo de vista su verdadero propósito: servir a la sociedad de manera justa y equitativa.
Las preguntas están abiertas:
¿Se está cumpliendo el Código de Buen Gobierno publicado el 7 de marzo de 2005, en el B.O.E.?
¿Qué mecanismos se necesitarían para garantizar el cumplimiento del Código del Buen Gobierno? ¿Se necesitaría un órgano independiente que fiscalizase el cumplimiento del citado código?
¿Nos está llevando la digitalización de Hacienda a una hipervigilancia que sería la propia de una fantasía capitalista?
La sociedad necesita reflexionar sobre estas cuestiones.
Abrir un debate no solo es deseable, sino esencial para garantizar que el avance digital sea una herramienta para la equidad y no un mecanismo de control desmedido.
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2 comentarios
Interesantísimo artículo, Raquel. Y coincido contigo totalmente. Con la apariencia de ser un apoyo al contribuyente, la digitalización se ha convertido en un arma de doble filo. En muchas ocasiones el empresario dedica más tiempo y energía a cumplir los requerimientos de la administración que a sacar su negocio adelante. Y eso… no puede ser bueno para esta sociedad.
Muchas gracias Lourdes por tu interés y por tu comentario.