Jaime Pérez Renovales - La función pública y la política

La relación entre política y función pública es una cuestión que no debería en España ser motivo de desesperanza. Se dijo en el SP 2020 que deberíamos afrontar adecuadamente el problema.  No hay tal correlación entre las personas que tienen la más alta responsabilidad en el gobierno con la imagen tan negativa que tiene la sociedad acerca de las personas que se dedican a la política y que, al mismo tiempo, dirigen la nación. En los diferentes ministerios, no hay cargos, de directores generales para arriba, que no tengan la más mínima preparación técnica. La ley de la Función Pública de 1997 lo hizo como requisito.  Los currículum de los altos cargos de la Administración, en general, son brillantes. Existe, además, un alto grado de incompatibilidades de carácter empresarial, etc. No hay, se dijo, un “viaje de vuelta atrás” a la empresa, después de haber colaborado durante un tiempo en la Administración, con tanta facilidad como a veces se presupone.

¿Existe en España el efecto de las “puertas giratorias”? Lo importante, en cualquier caso, es señalar que si se prohibiesen completamente, se fomentaría en la Administración Pública la endogamia, se dijo.  En numerosas ocasiones, los efectos secundarios de las decisiones públicas se conocen mejor si se ha participado antes en la empresa privada. Si se necesita formación, si hay incompatibilidad, pese a todo, aparecen los conflictos.

¿Son realmente los sueldos un problema para atraer talento a la Administración Publica? Depende de los niveles, se comentó. Depende de la consideración de cada uno al respecto. En cualquier caso, así se puede participar en decisiones que pueden mejorar la sociedad de un país. Sin duda, los sueldos son un problema en el nivel inmediatamente inferior. Pero de lo que no cabe ninguna vacilación es que ser funcionario del Grupo A es importante para el desempeño relevante de la Administración Pública.

Ese descreimiento generalizado por la función pública no se traduce, pues, en una falta de habilidad  profesional y de vocación de servicio en los puestos de responsabilidad de los más altos niveles de la Administración General del Estado. Aparte de la retribución, aparece el tema de la imagen pública que limita la acción de gobierno ante las decisiones sumamente complejas. “Pongámonos en los zapatos de los que tienen que tomar decisiones públicas”, se convino en señalar.

Al final, se advirtió,  el poder, dígase así, es la impotencia ante los elementos. Pero hay cosas que funcionan (la separación de poderes, la imputación de casos de corrupción,…) Quizá el gobierno no explica bien su tarea modernizadora respecto de la función pública: en los medios, además, se refleja lo más anecdótico o lo que llama más la atención.

También se abordó el tema del solapamiento de cargos en las diferentes administraciones. Se indicó que no hay tanto problema en ese sentido: sí, hay 8000 ayuntamientos en España, pero la mayoría de los concejales no cobran, y cumplen una función de integración social impagable. Y en el caso de los consejeros autonómicos, pasaría más o menos lo mismo.

Por último, acerca de la reforma en vigor de la Administración se comentó que hay 222 medidas puestas en marcha. Por ejemplo, se comentó que se han amortizado numerosos puestos de trabajo (jubilaciones, etc.): en 2012 se redujo en 21.000 millones el gasto público, 380 mil empleados menos. El esfuerzo ha supuesto ahorros en torno a 30.500 millones de euros. El cambio se ha evidenciado en estos últimos tiempos. La informatización de la Administración es una realidad evidenciable. Por último, fue interesante para los participantes al SP 2020 destacar que los avances en la web pueden observarse a través de la web donde se observa el progreso periódico de la función pública.