Análisis de la reforma de la financiación autonómica

En enero del pasado año, la Conferencia de Presidentes Autonómicos acordó la creación de una Comisión de Expertos para realizar los análisis necesarios para la formulación posterior de un nuevo modelo de financiación autonómica fundamentado en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos.  Las conclusiones fueron entregadas a finales de julio con una serie de propuestas para mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común (excepto las forales). Lo complejo del tema hizo que no hubiera unanimidad en algunas cuestiones entre los 21 miembros de esta comisión.

En febrero de 2017 ya abordamos los conflictos políticos de la financiación autonómica, en una Conversación Intergeneracional en Barcelona.

El 7 de febrero de 2018, tres expertos han conversado en Foro de Foros acerca sobre este problema aún sin resolver: Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, Doctor en Derecho y Económicas por la Universidad Complutense, actualmente es catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Ana Herrero Alcalde, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Doctora en Economía por la UNED y profesora de la UNED desde 1997, donde imparte docencia de Economía, Economía del Estado del Bienestar y Hacienda Pública Descentralizada en diversos grados y postgrados y Alain Cuenca García, Doctor en Economía por la Universidad de Zaragoza, profesor titular del Departamento de Economía y Dirección de Empresas en la  Universidad de Alcalá de Henares y miembro de la Comisión de Expertos.

De esta Conversación Intergeneracional se pueden extraer interesantes conclusiones. Por un lado, no puede obviarse el peso que tienen las comunidades autónomas, ya que representan aproximadamente el 35% del gasto público español, unos 150.000 millones de euros, en servicios que afectan al día a día de los ciudadanos, entre ellos la sanidad, la educación y la dependencia. Por otra parte, vivimos en un país descentralizado con un sistema de financiación que realmente reparte poder. Además, hay otra cuestión que ahora más que nunca dificulta la situación y es el problema con Cataluña. La reforma sin el consenso de esta comunidad es realmente complicada.

Nuestros expertos también se refirieron a la independencia en la capacidad de las comunidades autónomas para generar ingresos. Ya deciden sobre una parte importante de los impuestos: IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones… sobre los que pueden modificar tipos. El problema es la desigualdad en los territorios y el que no se haya conseguido una clara asociación entre ingresos y gastos, tal como se da en los ayuntamientos. Por otro lado, cuanto mayor espacio fiscal tengan las autonomías, más evidentes se harán estas desigualdades y más obvios serán los flujos interterritoriales.

De lo que se trata, en definitiva, es de conseguir que la compensación garantice la equidad, que todos los servicios públicos se puedan prestar con la misma calidad en todas las comunidades independientemente de su nivel de ingresos. Un Estado como España, descentralizado y territorialmente desigual en lo económico, debe velar por su cohesión social y por la creación de una ciudadanía común con los mismos derechos y las mismas obligaciones.

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