Y después del túnel, ¿qué?

Con el avance de la vacunación se está instalando una sensación de tranquilidad, una especie de calma de fin de ciclo. El optimismo, necesario y bienvenido, nos permitirá coger impulso para afrontar el próximo curso. Sabemos que la pandemia nos dejará secuelas económicas y anímicas que tardaremos años en superar. Pero tomemos nota de algo clave: se están generando debates necesarios que van a contribuir a la cohesión del futuro.

Todas esas conversaciones convergen en la necesidad de un contrato social nuevo, acorde con lo que somos hoy, y que poco tiene que ver con las sociedades de la segunda postguerra mundial. Antes de que el mundo se paralizase por el virus, ya sabíamos que necesitábamos una fórmula nueva de organizarnos. Si el progreso en los siglos XIX y XX se basaba en repartir el pastel a medida que este fuera creciendo, en este siglo XXI lo imprescindible es cuestionar los límites de ese crecimiento. También corregir la desigualdad. El mundo es más rico que hace medio siglo, pero la brecha entre quienes más y menos tienen va en aumento. La llamada uberización ha supuesto una gran regresión de derechos sociales y laborales. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos y los bancos centrales por estimular las economías, entre muchos ciudadanos existe la sensación de que el sistema les precariza, en lugar de protegerlos.

¿Qué ingredientes debe tener el plan del futuro?

  • Un equilibrio nuevo entre los actores sociales: ciudadanos, estados y empresas. Los individuos soportan cada vez más riesgos. Necesitamos actuar en la distribución: cómo se reparte el valor añadido que crean las empresas. Multinacionales como Google, Amazon o Facebook no son meras firmas tecnológicas, sino sujetos políticos, infraestructuras sistémicas. Su peso debe ir acompañado de una fiscalidad equilibrada y de leyes de competencia que enmarquen bien su actividad. El acuerdo del G7 es un gran paso para fijar un impuesto mínimo y eliminar la competencia desleal entre países. Si bien todavía está pendiente de aprobación por los parlamentos nacionales, es un primer paso.
  • Repensar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Un ejemplo que fue noticia en 2017 invita a la reflexión: en Nueva Zelanda, el río Whanganui recibió el estatus de persona jurídica, aprobado por el Parlamento, para que su bienestar esté ligado para siempre a una tribu autóctona maorí. ¿Qué consecuencias debe tener poner en riesgo las generaciones futuras? ¿Cómo se atribuyen las responsabilidades?
  • La consideración -para bien y para mal- de la identidad, el ingrediente más potente de las guerras culturales. Más allá de sus reivindicaciones sociales, los chalecos amarillos en Francia o el Movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, tienen un anclaje fuerte en la identidad. Es un debate peliagudo que ha sido utilizado por izquierda y derecha y que tiene derivadas como la cultura de la cancelación. Necesitaremos responder a cuestiones incómodas: ¿Es la diversidad un fin en sí mismo? ¿Está Europa importando el activismo identitario estadounidense? ¿Es este un nuevo puritanismo? ¿Puede la política ser más empática y solidaria sin verse enredada en falsos debates? ¿Estamos dejando que redes como Twitter, que amplifican el discurso de unos pocos, marquen la agenda?

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