Llevamos año y medio dependiendo como nunca de la ciencia. Es hora de abordar los problemas estructurales de los investigadores: precariedad, exceso de burocracia, obstáculos para volver a España y ciertas medidas que, en lugar de facilitar su labor, la entorpecen.
Dos factores lastran la investigación española, apuntó el ministerio de Ciencia el año pasado: el envejecimiento y la precariedad. La última década ha sido especialmente sangrante. Un ejemplo: el Instituto de Salud Carlos III, cuya labor está siendo crucial para combatir la pandemia, sufrió un recorte en su presupuesto de más de un 25% entre 2008 y 2018. Desde 2010 ha perdido 300 investigadores, el 27% de la plantilla.
El año pasado, el Gobierno presentó un “plan de choque” que contemplaba más de 1.000 millones de euros en dos años. Sin embargo, eso solo servía para recuperar el nivel de inversión en I+D+I de 2010. Es decir, para volver al 1,40% del PIB en vez del 1,24% de 2020. También se pretende incorporar y consolidar el talento de los investigadores y técnicos, en condiciones muy precarias.
“Muchos jóvenes doctorandos encadenan contratos y se eternizan ahí porque necesitan publicar. Se suele decir aquello de “publish or perish”, publicar o morir”, explica Paula (nombre ficticio), estudiante de doctorado en el extranjero que prefiere no dar su nombre real. “No tenemos estabilidad ni condiciones dignas hasta los 45 años. No nos dan otra opción. Se nos ofrece también muchas veces que empecemos sin cobrar y que luego ya pedirán becas, que ya veremos. Los jefes han pasado por lo mismo, pero en vez de intentar cambiar el sistema se aprovechan”, apunta otra joven científica.
Quienes empiezan una carrera en la ciencia se quejan de que, si se van al extranjero, resulta muy difícil volver. “Si termino mi doctorado en Reino Unido, no se me convalida. Tengo que hacer mucho papeleo y pagar un dineral para que me lo convaliden, y no me lo aseguran. La gente tiene que ir a distintas universidades de España, presenta los papeles en cada una y paga todas las tasas varias veces, hasta que una institución decida convalidar el doctorado que han hecho en otro país”, se queja Paula. Para ir a congresos, a menudo han de adelantar dinero de su bolsillo que luego pueden tardar meses en recuperar.
Quienes dirigen equipos de investigación también lamentan la precariedad, pero no solo eso. Para ellos, conseguir recursos implica pasar por un calvario burocrático. Jorge Alegre, jefe de grupo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, subraya el problema de los concursos públicos: “El hecho de que yo para comprar un aparato muy especializado tenga que pasar por el mismo procedimiento que alguien que necesite adquirir sillas para llenar un auditorio es un problema”, explica.
Alegre, que fue elegido en junio miembro de la Academia Joven de España, una organización para visibilizar a los científicos jóvenes, cree que algunas regulaciones que se crearon para mejorar sus condiciones están sin embargo entorpeciendo su trabajo y creando ineficiencias. “A nivel administrativo la rendición de cuentas es excesiva, no nos deja trabajar. Se nos pide que justifiquemos cantidades irrisorias: 15 euros de un taxi hace seis años, por ejemplo. Es lógica la vigilancia por los casos de corrupción que ha habido, pero se está poniendo demasiado el foco en que no se repita y eso está entorpeciendo el trabajo de gente honesta que quiere hacer las cosas lo mejor posible”.
Para Alegre, la clave está en flexibilizar la gestión. “Muchos de mis colegas argumentan que habría que hacer normativas especiales para la ciencia. Eso se está haciendo, y está muy bien, pero creo que el problema va más allá y atañe a todo el sector público. Por ejemplo, se intenta luchar contra la precariedad laboral en la ciencia y por eso no se pueden hacer contratos encadenados, pero la financiación de los laboratorios va por ciclos. ¿Cómo hacemos compatible la estabilización laboral de alguien cuando los ciclos son indefinidos? Estas son particularidades de nuestra actividad que hacen que sea muy difícil de compatibilizar con la legislación laboral. Los estudiantes de doctorado se supone que tienen que hacer su tesis en cuatro años. Hay campos en los que eso se cumple y otros en los que no porque son mano de obra barata, o porque están intentando publicar, hay una casuística amplia. Las asociaciones convencen al Gobierno de que debe haber una nueva ley en la que se limite el tiempo de doctorado a cuatro años y que no sea posible extender la vinculación. ¿No habría que haber consultado a los directores de tesis? Se asume que todos son explotadores y al final se pone trabas a gente que quiere estar más tiempo para asegurarse una buena investigación que le permita abrirse camino y competir con gente en China o EEUU. Que ni siquiera consulten al estamento de profesores universitarios es una pena y responde a una realidad muy sesgada”.