Obligatoriedad, desinformación y ciudadanía

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En 1796, mientras la viruela golpeaba a Inglaterra, a un joven médico rural se le ocurrió inocular la primera vacuna a un niño de ocho años. Después de observar a las ordeñadoras de vacas, Edward Jenner se dio cuenta de que no se contagiaban, aunque tuvieran las mismas pústulas que los enfermos. Jenner cambió la historia de la medicina, pero muchos le acusaron de llevarle la contraria a Dios. Insistían en que al recibir el patógeno de las vacas les saldrían cuernos. El Colegio de Médicos de Londres expulsó a Jenner. El dibujante James Gillray dibujó una sátira famosa sobre aquel escándalo que hoy resulta esclarecedora.

 

Han pasado 225 años y las vacunas siguen provocando reacciones encendidas, a pesar de que han salvado millones de vidas en esta pandemia. En España afortunadamente casi el 77% de la población ha recibido la pauta completa. Las comunidades autónomas han administrado, según Datadista, el 89,9% del total de vacunas que les han entregado. El discurso negacionista ha calado mucho menos en nuestro país que en países vecinos como Francia o en Estados Unidos. Pero algunos debates no se han resuelto: ¿Debe administrarse una tercera dosis a la población cuando gran parte de los ciudadanos del tercer mundo no ha recibido ni un vial? ¿Dónde está el límite de la obligatoriedad de vacunarse? ¿Ha quedado obsoleta nuestra legislación para una situación que se anuncia larga en el tiempo?

 

Estamos en un momento fascinante en el que la ciencia, el derecho y la filosofía se están planteando las mismas preguntas. Evolucionamos porque la ciencia avanza y desbroza el camino, pero también porque como sociedad nos planteamos hacia dónde queremos llegar y qué paraguas normativo debe cubrirnos. En ese recorrido intelectual nos llega el ruido de los negacionistas: si se exige a ciertos colectivos que se vacunen, dicen que las democracias están coqueteando con el autoritarismo. Olvidan que en ningún país democrático se ha establecido una obligación de vacunarse con carácter general, ya que eso iría en contra de las constituciones y los derechos humanos. Sin embargo, los derechos no son absolutos, tienen límites: la insolidaridad de unos pocos no puede comprometer el bienestar general. Los trabajadores que prestan un servicio público deben entender que se les exija la vacunación por la naturaleza de su empleo. Como recordaba en una tribuna José Antonio Martín Pallín, abogado y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, “el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales permite, como cláusula limitativa de los derechos, todas aquellas medidas que en una sociedad democrática sean necesarias para la protección y defensa de la salud”.

 

Las vacunas son instrumentos médicos colectivos: protegen más al conjunto que a la persona. Pero el negacionismo no lo acepta. No solo invoca su legítimo derecho a la libertad, sino que siembra bulos. Ahora mismo hay foros en Internet como Reddit en los que miles de comentarios niegan la existencia de la pandemia. Algunos llegan a acosar a profesionales de la salud, académicos y periodistas. Facebook los llama ‘superdifusores’ (superspreaders). En Estados Unidos, por ejemplo, se ha descubierto que gran parte de las cuentas que diseminaban bulos eran rusas y tenían como fin desacreditar al presidente Biden.

Muchos organismos están pidiendo en España y otros países que se tomen más medidas contra la desinformación. Algunas páginas y aplicaciones en las que se alojan los bulos se desentienden; otras cooperan y han cerrado miles de cuentas, pero no llegan a atajar un mal que ya está muy extendido. Del mismo modo que se está apostando por la pedagogía social y científica en la Red, ¿necesitamos más divulgación legal y filosófica para ahondar en conceptos como la libertad, la solidaridad y la ciudadanía?

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