Hay que hablar de las pensiones

Casi uno de cada dos euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se gastará en pensiones, un 41,8% del total. En concreto, 191.000 millones de los 455.000 millones de gasto presupuestado por la administración. La partida para pensiones se incrementará todavía más, pues habrá que actualizarla un 8,5% para pegarla a la subida desbocada del Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que supone un incremento extra de 15.000 millones. Las pensiones siguen socavando las arcas de la Seguridad Social, y al mismo tiempo siguen siendo un asunto tabú que ningún partido político con aspiración de gobernar quiere abordar.

El de las pensiones es un debate envenenado, con un fuerte componente emocional y de lucha intergeneracional. Los pensionistas defienden su derecho a gozar de una jubilación digna tras toda una vida de sacrificios; los trabajadores, en particular los más jóvenes, les tachan de privilegiados y exigen a la clase política la misma atención en forma de políticas de empleo, de natalidad y de formación. ¿Por qué no indexar también los salarios al IPC?, se preguntan con ironía. He aquí la clave del asunto. Quizá deberíamos reforzar los salarios para que puedan sostener las pensiones, en lugar de intentar reducir las pensiones para que se adecuen a nuestros cada vez más magros salarios.

La pensión media es de 1.251,54 euros netos en 14 pagas, según el último informe de la Seguridad Social, mientras que el salario medio de un trabajador está en 1.400 euros netos en 14 pagas (25.500 euros brutos anuales). Es decir, pensionistas y asalariados cobran cifras medias muy parecidas, algo poco sostenible, que se vuelve alarmante por los extremos: millones de personas, principalmente las generaciones jóvenes, cobran sueldos inferiores a la pensión media, y millones de españoles gozan de pensiones de entre 2.000 y 3.0000 euros netos mensuales, doblando y hasta triplicando los salarios de sus hijos y sus nietos, cuyas raquíticas cotizaciones han de sostener el sueldo de sus mayores. Por supuesto no les alcanza, y de ahí el creciente agujero en las arcas públicas.

El gran problema es tratar a los 12 millones de pensionistas como un bloque monolítico. Del mismo modo que hay escalas salariales y tramos en la carga fiscal y de cotización, parece incomprensible que una pensión por encima de los 3.000 euros (en España hay 75.000 receptores) goce del mismo tratamiento que una pensión de viudedad de 400 euros mensuales. Nuestras pensiones, pese a que no nos guste admitirlo, están por encima de la capacidad productiva del mercado español. O dándole la vuelta al problema, el músculo productivo español está dejando de poder mantener las pensiones. Hay dos países en la Unión Europea, Holanda y Luxemburgo, con pensiones más generosas en relación al salario medio nacional; con la diferencia de que sus sistemas económicos son más robustos que el español.

Bruselas lleva una década advirtiendo a España de que debe acometer una reformulación integral de sus sistema de pensiones. En el año 2012, exigió que las pensiones fueran desindexadas del IPC y que se buscase un índice basado en la productividad o en la evolución de los salarios, algo sobre el papel más coherente. Sin embargo, gobiernos sucesivos han ido sorteando la exigencia a base de decretos-ley para evitar la furia electoral de los pensionistas. Porque los 12 millones de pensionistas son el segmento de edad más fiel a la llamada a las urnas. En las provincias y comunidades autónomas menos pobladas, los jubilados decantan balanzas electorales. A ningún partido le apetece enfurecerles con una reducción de sus pensiones.

Recientemente, la Comisión Europea ha afirmado que el sistema español peca de insolidario con los jóvenes. ¿Son realmente insolidarios los jubilados? Involuntariamente sí en la percepción económica, sin duda no en la realidad a pie de calle. Sin el apoyo económico de los pensionistas, cientos de miles de familias habrían caído por el precipicio durante los largos años de la crisis, también en tiempos de pandemia. No parece que en un sistema saludable deban ser los pensionistas el salvavidas familiar, aunque es cierto que son ellos los únicos con la vivienda pagada y un salario estable.

Hay quien lo lleva a un terreno muy crudo, como el ensayista Josep Sala en su libro ‘Generación Tapón’ (Ara Llibres, 2020), un tratado en el que denuncia el presunto egoísmo de la generación nacida entre 1943 y 1963, los ‘baby boomers’ españoles que construyeron el actual modelo de país tras el fin de la dictadura. Dice Sala que los españoles mayores de 60 años han blindado su bienestar a costa de sus hijos y de sus nietos. “Son los únicos que disfrutarán plenamente del estado de bienestar, aunque lo consigan arruinando a los descendientes”, sentencia el autor.

De nuevo, trazar bloques monolíticos sería un error. Millones de jubilados malviven con pensiones muy escasas que apenas dan para una vida digna. Quedan excluidos de la sociedad cuando más vulnerables son. Una de las principales campañas del Papa Francisco, por ejemplo, es denunciar la “cultura del usar y tirar” aplicada a nuestros mayores. En estos casos, igual que con los salarios inferiores a mil euros de los jóvenes y no tan jóvenes, es donde debe actuar el escudo social del Estado. Pero sacar el escudo para 12 millones de pensionistas sin discriminación por rentas es un camino que puede llevar al colapso del sistema. Más en un momento muy delicado a nivel demográfico, con cada vez menos trabajadores pagando las pensiones y cada vez más beneficiarios, que además viven más años.

Las dinámicas demográficas nos empujan hacia un crecimiento vegetativo negativo (más defunciones que nacimientos) a nivel global. Si bien algunos países seguirán viendo crecer sus poblaciones por unos años, principalmente en África, las tasas de fertilidad se están desplomando. Los demógrafos predicen que en la segunda mitad de este siglo, quizá antes, la población global entrará en un declive sostenido por primera vez en la historia. España estará particularmente afectada. La OCDE calcula que en 2050 seremos el segundo país más anciano del mundo tras Japón, y también uno de los que más población pierde. Es una proyección que debería alertarnos para abordar cuanto antes el debate sobre cómo financiaremos nuestras pensiones en un futuro no muy lejano.