La importancia de la Corte Penal Internacional resplandece en los momentos más oscuros, como es la guerra de Ucrania. Su valor no es solamente jurídico, sino en la defensa de la verdad para las generaciones futuras.
El avance de nuestra civilización no sé mide solamente en elementos tangibles. A veces ni siquiera son logros que percibimos en nuestra vida, pero que cuando los necesitamos, elevan nuestra condición humana. Uno de ellos es la justicia universal, vertebrada a través de distintas estructuras judiciales, una de las más autorizadas, la Corte Penal Internacional (CPI) ubicada en La Haya (Países Bajos). Su sola existencia es el triunfo total del derecho y el humanitarismo.
La importancia del tribunal criminal de La Haya resplandece en los momentos más oscuros, como es el transcurso de un conflicto armado en el que un bando extermina con la mayor inhumanidad posible a su enemigo, principalmente a población civil. Es el encargado de perseguir los delitos más abominables: genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. La complejidad de levantar un tribunal de este tipo y el valor de su existencia se traduce en los 52 años que se necesitaron para su aprobación, desde la conclusión de los llamados juicios de Nuremberg contra la cúpula del Tercer Reich en 1946 hasta la oficialización de la Corte Penal Internacional en 2002. Un logro de la civilización que permanece incompleto, pues si bien 124 países ratificaron el Estatuto de Roma en el año 1998 que establece la creación de la corte, quedan más de 60 que no lo han hecho, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.
“El mundo cambió en 1945. Antes de eso, los Estados, los reyes y los presidentes hacían lo que querían con su población, y fue en un día de 1945 cuando todo cambió. Ya no podías hacer lo que quisieras con tus ciudadanos y sus derechos”, afirma Pillipppe Sands, abogado protagonista de numerosos procedimientos en la CPI y catedrático de Derecho en el University College de Londres. Sands, sin embargo, advierte de que “la justicia, en su dominio internacional, es un juego a largo plazo, y hoy estamos en los primeros días, en una época casi medieval”.
La historia suele avanzar a trompicones y en 1998 dio un acelerón. Un tribunal todavía no vertebrado en lo que sería la futura CPI imputó formalmente al expresidente serbio Slobodan Milošević por crímenes de guerra. El juicio contra Milosevic arrancó en 2002 (falleció durante el procedimiento) y se convirtió en el primer jefe de Estado en ser acusado por crímenes de lesa humanidad. También en 1998 se desarrolló el caso contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. “Todo en un plazo de tres meses, y por coincidencia estuve involucrado en esas tres historias. Tengo la sensación de que fue un punto de inflexión. Aún estamos digiriendo las consecuencias de aquello”, considera Sands. También el entonces reciente genocidio en Ruanda (1994) apremió la necesidad de crear un tribunal específico y universal medio siglo después de Nuremberg.
Hoy vivimos un nuevo tiempo oscuro que requiere la puesta en valor de la Corte Penal Internacional. Hay indicios consistentes de que Rusia podría haber incurrido en crímenes de guerra en Ucrania. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, país que sigue sin ratificar el Estatuto de Roma, calificó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de “criminal de guerra” por su responsabilidad en la matanza indiscriminada de población civil, entre ellos el ominoso bombardeo a un teatro en Mariupol en cuyo sótano se habían refugiado cientos de personas, y las masacres indiscriminadas en distintas ciudades ucranianas.
La CPI ya ha iniciado una investigación a petición de 39 países miembros del organismo, un hecho sin precedentes. Karim Khan, fiscal jefe, ha adelantado que abrirá el expediente “lo antes posible” para determinar si existen delitos punibles. Sin embargo, recabar pruebas de casos individuales y probar esos delitos es una tarea muy complicada. “Los delitos en el campo de batalla son muy difíciles de probar. Ha habido muy pocas imputaciones exitosas en este tipo de causas”, afirma James Glow, profesor de paz y seguridad internacional en el King’s College de Londres, al periódico The Guardian. La improbable colaboración del gobierno ruso dificulta enormemente la investigación del tribunal.
Pero aunque se trate de una labor frustrante y estéril en muchas ocasiones, como ha ocurrido en la reciente guerra de Siria, la corte penal genera un invisible espíritu de justicia y reparación, que acarrea consecuencias sobre los acusados. La primera es puramente material. Tomemos el ejemplo actual de la invasión de Ucrania: en el supuesto de que un dirigente ruso sea imputado formalmente, no podrá pisar ninguno de los estados miembros de la corte sin ser puesto a disposición judicial de forma inmediata. La segunda consecuencia es de índole moral. Como explica Glow, “a nadie le gusta ser etiquetado como criminal de guerra, por lo que hay un potencial efecto psicológico y político muy importante en estas investigaciones”.
Incluso si dicho dirigente o alto mando militar jamás es castigado por sus crímenes, ese trabajo de recopilación de pruebas puede ser crucial para combatir falsas narrativas. En este sentido, el tribunal que juzgó a Milosevic concluyó que “el mayor logro” del procedimiento fue poner a disposición de la opinión pública internacional un catálogo de pruebas que sirven como “dique contra intentos maliciosos de revisionismo histórico”. Es ahí, en la defensa de la verdad para las generaciones futuras y nuestro avance como humanidad, donde el Tribunal Criminal Internacional ejerce una labor insustituible, si bien todavía embrionaria e incompleta.