Derechos humanos para el futuro

La Declaración Universal de Derechos Humanos ha cumplido setenta años. En plena crisis del universalismo, ¿necesita una actualización? 

Pensemos en el mundo en 1948. Arrancaba el Plan Marshall, se firmó el Tratado de Bruselas, Checoslovaquia abrazó el comunismo, Londres acogió los Juegos Olímpicos, Israel y Corea del Norte nacieron como Estados, y en París, el 10 de diciembre, se rubricó un documento histórico que proclamaba los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, creencias u origen. Ideas sencillas y al mismo tiempo radicales que unieron a los miembros de Naciones Unidas en cierta visión del mundo.

¿Necesitaría esta Carta una reformulación para el siglo XXI?

Siete décadas después, algunos principios se han ido actualizando en compromisos como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desgraciadamente un buen número de derechos civiles, políticos, económicos y sociales siguen lastrados por la guerra y la desigualdad. Pero subyace además un cuestionamiento filosófico: el universalismo que inspiró la Declaración no goza del mismo apoyo. Lo vimos en la conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial en París el pasado 11 de noviembre: la Canciller Angela Merkel lanzó la pregunta retórica de si las naciones serían capaces de consensuar un documento parecido al de 1948. “No estoy tan segura”, declaró en tono nostálgico.

El pulso de los iliberales

Merkel es consciente del pulso que se libra dentro de las democracias occidentales y de la propia UE. La Hungría de Viktor Orbán o la Polonia gobernada por el partido ultraconservador Ley y Justicia consideran que los valores liberales como la separación de poderes no son inherentes a la democracia, y que esta viene solo definida por la posibilidad de los ciudadanos de expresar su voluntad en las urnas. Consideran que el espíritu universalista de los derechos humanos cuestiona su soberanía nacional, y rechazan esta “injerencia” en los procesos políticos nacionales.

Hay académicos que consideran que en el siglo XXI deberíamos renunciar al vocabulario sagrado de origen cristiano que acompaña a esta Carta de derechos. Este matiz “expresa una filosofía de origen occidental que ya no tiene adeptos en Asia o África: estos países hoy quieren hablar en igualdad de condiciones con Occidente”, explica a Le Monde Valentine Zuber, directora de Estudios en la Escuela práctica de Altos Estudios (EPHE-PSL) y autora de varios libros sobre el origen religioso de los derechos humanos.

“En lugar de ofrecerles la «verdad», deberíamos desacralizar la evidencia cultural de los derechos humanos, desoccidentalizar su historia y desmitificar la narrativa hagiográfica y teleológica que los acompaña (…) ahora es importante mostrar, por el contrario, que las tradiciones filosóficas o religiosas de las culturas no occidentales y no cristianas también prestan atención a la dignidad del ser humano que puede constituir un bien común para todos los hombres”, plantea Zuber.

Distintos raseros

¿Acaso deben los derechos humanos acomodarse a distintas sensibilidades, ser flexibles? China es conocida por su sistema de partido único y carencia de contrapesos. Encarcela a activistas y ejerce una censura férrea en su territorio. Pero gracias a su poderío económico consigue eliminar la conversación sobre los derechos humanos de la agenda, como se vio en la última visita de Xi Jinping a España. A otros gobiernos con menor influencia diplomática se les mide por otro rasero.

Uno de los derechos fundamentales para el siglo XXI debería ser el de vivir en un clima saludable. Y sin embargo Donald Trump, presidente de la mayor potencia mundial, niega la evidencia del cambio climático. Por mucho que el último premio Nobel William Nordhaus, padre de la economía del clima y defensor de un impuesto que grave las emisiones de CO2, insista en que la acción política es inevitable, en la Casa Blanca se niegan a darle credibilidad a este punto.

Por último, en 1948 no se podía pensar en que existiría una realidad paralela en la necesitaríamos hacer valer nuestros derechos: Internet. En una primera fase se pensó que solo sería necesario traducir al ámbito digital los mismos derechos que a la vida real. Pero la evolución de la tecnología muestra que eso no basta. Se necesita ahondar en la propiedad de nuestro rastro digital (¿le corresponde a las empresas proveedoras de Internet? ¿al usuario? ¿a los gobiernos?). También una normativa específica sobre inteligencia artificial, y la protección del usuario frente a las compañías de Internet.

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