Crédito social chino: cuando la distopía se hace realidad

Mientras el mundo debate sobre las filtraciones de Facebook, y lo peligroso de que una empresa maneje datos de 2.000 millones de personas, en China gobierno y empresas ultiman su vuelta de tuerca: controlar cada detalle de 1.500 millones de ciudadanos y puntuarlos en consecuencia.

El próximo 1 de mayo, aquellos en China que hayan fumado en un avión o viajado en tren con un billete falso –práctica habitual- no podrán coger esos medios de transporte por el periodo de un año. Están en una lista de infractores y su crédito social, su puntuación como individuos dentro de la sociedad, es baja.

No es 1984 de Orwell ni un episodio de Black Mirror. Se trata de un proyecto faraónico en el que Pekín lleva trabajando desde 2007. El llamado Plan para la Construcción de un Sistema de Crédito Social centraliza millones de datos provenientes de la navegación por Internet de los usuarios, la Policía, las administraciones locales… para clasificar a los ciudadanos, y posteriormente penalizarlos o premiarlos.

De momento la base de datos gigante no cubre todo el país. Existen proyectos piloto locales en unas 30 ciudades. A los ciudadanos se les asigna por defecto un número de puntos (suelen ser 100) y pueden ir sumando hasta los 300, o restando en función de cómo se comporten. En la ciudad de Suzhou, por ejemplo, uno gana seis puntos por donar sangre; se premia el reciclar basura o realizar algún tipo de voluntariado. Cruzar en rojo, reservar en un restaurante y no aparecer sin cancelar o tirar basura en la calle, restan puntos.

Hasta este año la calificación de cada uno se le asignaba a su tarjeta de la seguridad social. Pero en enero se dio un paso más allá: la empresa Tencent (uno de los tres gigantes de telecomunicaciones chinos junto con Alibaba y Baidu) se unió al programa y aportó los datos de redes sociales de millones de usuarios: búsquedas, chats, mensajes en redes sociales…

“Los consumidores chinos han abrazado estas nuevas tecnologías con entusiasmo, no les ha importado compartir datos relevantes con proveedores de Internet en los que confiaban”, explica Chan Ka-keung, profesor de la Hong Kong University of Science and Technology. “Eso le ha dado a las empresas un poder inmenso”.

Además, varias empresas privadas están implantando su propio sistema de rating. Un ejemplo es Zhima Credit (Crédito Sésamo), el sistema de puntuación de usuarios ideado por  la financiera Ant, de Alibaba. No solo clasifica a sus clientes como todos los bancos según sus ingresos o su capacidad de pagar deudas, sino que mediante un algoritmo les atribuye una puntuación entre 350 y 900 en función también de sus hábitos de consumo y sus contactos. Es decir, que tener amigos morosos perjudica.

Millones de ojos

El sistema de crédito se nutre de dos fuentes: el mastodóntico aparato de vigilancia y el volumen de datos generados por los internautas cada segundo. Respecto al primero, en 2005 se lanzó Skynet, que sembró las ciudades de cámaras. Hoy más de 100 millones de dispositivos ofrecen información de las calles en tiempo real. Si a eso le añadimos la tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial y la posibilidad de cruzar los datos con el archivo de documentos de identidad, el porcentaje de acierto es del 90%, aseguran fuentes oficiales.

En cuanto al volumen de datos, 668 millones de chinos ya utilizan Internet, seis veces más que hace una década. Cada vez pasan más tiempo conectados, alimentando la gran base de datos sobre sí mismos y sus contactos.

¿Va China hacia el panoptismo que describía Foucault? Las autoridades chinas insisten en que solo aspiran a elevar el nivel de confianza en la sociedad, a aportar criterios objetivos.

En China el maoísmo dejó heridas profundas como la desconfianza –no te fíes de ese vecino que podría denunciarte-. Las críticas al egoísmo y el individualismo, a la picaresca exacerbada, a la corrupción, son habituales. Y a la inseguridad jurídica que todo esto genera para individuos y  empresas. Pero el sistema de crédito social ha puesto en guardia a las organizaciones que trabajan en la defensa de las libertades civiles. “Es esencialmente un componente más del sistema de vigilancia masiva del Estado”, señala William Nee, de Amnistía Internacional en China. “El gobierno de manera rutinaria la emprende con los defensores de los derechos humanos, las minorías étnicas o cualquiera que suponga un desafío para el Partido Comunista. A nosotros nos preocupa sobremanera cómo toda esa información podría utilizarse para vulnerar los derechos humanos”.

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