Noticias falsas: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Noticias falsas: ¿quién le pone el cascabel al gato?

O borran o pagan. A partir de octubre Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales en Alemania tendrán que eliminar cualquier comentario de incitación al odio o noticia falsa de sus plataformas, so pena de multas de más de 50 millones de dólares. El gobierno de Merkel, pendiente de una cita electoral decisiva en septiembre, insiste en que las ofensas y comentarios extremistas han aumentado un 300% en los últimos dos años, fundamentalmente desde que el país abrió sus puertas a más de un millón de refugiados de Oriente Medio.

Alemania, uno de los países occidentales con leyes más restrictivas sobre los mensajes de incitación al odio por razones históricas, abre así la veda a un comportamiento por el que empresas tecnológicas y grupos pro derechos humanos han puesto el grito en el cielo. Para unos, la ley alemana atropella la libertad de expresión.  Otros, como el Instituto Global de Políticas Públicas de Berlín, creen que lo peligroso es que no será un juez quien decida qué contenido es ilegal o no, sino los propios proveedores de internet que cuenten con más de dos millones de usuarios en Alemania. Si la ley entra en vigor, deberán hacer desaparecer lo “evidentemente ilegal” en 24 horas. Lo menos “evidente”, en una semana. El problema subyace en que no se explica qué sería “evidentemente ilegal” y qué criterios deben utilizar las plataformas de medios sociales para decidir.

“¿Las plataformas sólo deben eliminar contenido ilegal publicado por usuarios alemanes? ¿Deberían impedir que los usuarios alemanes vean contenido ilegal que se origina fuera de Alemania? ¿Cómo determinan las empresas la ubicación de un usuario?”, se preguntan Mirko Hohmann y Alexander Pirang, del citado instituto berlinés. “El preámbulo del proyecto de ley incluso hace referencia a la lucha contra las ‘noticias falsas’ como una de las razones para la introducción de nueva legislación, a pesar de que la desinformación es raramente ilegal”.

Las leyes españolas y europeas establecen que el derecho a la libertad de expresión no ampara los mensajes de incitación al odio, sea en el ámbito offline u online. Hace un año, Bruselas lanzó un proyecto para fomentar que los usuarios denuncien comentarios en las propias plataformas. Desde entonces, según el observatorio de la Comisión Europea, en el 59% de los casos, Facebook y Twitter han eliminado el contenido. Prácticamente el doble que antes de que se lanzara el proyecto conjunto entre la UE y las compañías de Internet.

Un informe del Pew Research Center subraya cómo en Estados Unidos el 23% de los adultos han difundido noticias falsas en redes sociales – sabiéndolo o no. Dos tercios de la población adulta cree que las noticias fabricadas y diseminadas en redes sociales han causado una gran confusión sobre acontecimientos públicos relevantes, como las elecciones en las que resultó ganador por sorpresa Donald Trump.

Criterio vs algoritmo

Las empresas tecnológicas creen en el poder del almacenamiento de datos, y se lucran con él. Pero siguen estando en pañales a la hora de seleccionar y censurar el contenido.

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El gigante de Palo Alto lanzó hace unos meses su Owl Project. Trata de evitar casos como el de la búsqueda “Did the holocaust happen?” (¿ocurrió el holocausto?), que arrojaba como primer resultado una página de ultraderecha negacionista del genocidio de los judíos en la Alemania de Hitler. Google ha comenzado así a imponer criterios éticos y morales a lo que hasta ahora se regía por un simple algoritmo informático.

¿Debe ser Google el que decida lo que se censura? ¿Tiene sentido que recaiga sobre las empresas privadas la decisión de qué contenidos son legales?

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Imagen principal: Foter.com