¿Tiene sentido usar modelos matemáticos para racionalizar el gasto público?

¿Tiene sentido usar modelos matemáticos para racionalizar el gasto público?

Ha sido un intenso debate trasatlántico y se ha dirimido en Internet. Dos prestigiosos profesores, el estadounidense Steven J. Klees y el danés Bjorn Lomborg, se han enzarzado sobre una cuestión clave para las economías modernas: ¿se puede planificar y racionalizar cómo se gasta el dinero público usando modelos matemáticos?
 
Según Bjorn Lomborg, director del Consenso de Copenhague, y estandarte del Cost Benefit Analysis (Análisis Coste-Beneficio o CBA, en sus siglas en inglés),

los gobiernos deberían dejarse de esquemas ideológicos para identificar las prioridades de gasto. El CBA es la técnica que permite saltarse la ideología y centrarse en los resultados. Definir unos indicadores, medir los resultados, aumentar la eficiencia. En un artículo en Project Syndicate, este entusiasta del ‘freer trade’ (comercio más libre) pone como ejemplo que el CBA ha sido la clave del éxito de inversión pública reciente en países como Bangladesh o Haití.
 
Desde Maryland, el economista y profesor universitario de Política de la Educación Steven J Klees, ha tratado de aniquilar uno por uno los argumentos de su colega danés. “Durante muchos años, Lomborg ha contratado a más de 300 economistas, incluidos siete premios Nobel, para llevar a cabo sus cálculos coste-beneficio. Desgraciadamente estos están impregnados de la ideología de quienes los conducen y aportan muy poca información a quienes deben emprender políticas públicas”, comenta Klees. Y subraya que esa técnica de análisis, que se inició en EEUU en los años 30 para evaluar la gestión de aguas, está basada en cálculos mecánicos y modelos a menudo simplistas.
 
El debate en España
 
En España se multiplican también los debates sobre cómo diseñar mejor las políticas de inversión y gasto público. Han sido años de austeridad drástica para tratar de compensar la época de gasto a menudo superfluo. La ciudadanía exige una valoración del gasto más objetiva que los intereses de los políticos, en ocasiones derivados de intereses locales, de partido o electoralistas.
 
“¿Cuánto dinero público nos habríamos ahorrado si se hubieran evaluado adecuadamente cientos de programas que luego se ha visto que solo servían para engañar al votante?”, se lamentaban tres catedráticos españoles hace unas semanas en El Confidencial.
 
El análisis coste-beneficio para evaluar ex ante el impacto de políticas públicas permitiría racionalizar la toma de las decisiones y ofrecer fundamento para la decisión final. Pero tiene muchas limitaciones, explica para Food for Thought uno de los autores de la arriba mencionada tribuna, Julio Ponce Solé, catedrático de Derecho administrativo y Público en la Universidad de Barcelona. “Pese a su expresión mediante monetarización y aparente exactitud (al operar mediante números) está limitado porque hay ciertos costes o beneficios que pueden ser inconmensurables”, explica. Según el profesor, no determina por sí mismo cómo se reparten los costes y beneficios y entre quién (igualdad/desigualdad). Además, entraña el problema de cómo tener en cuenta los efectos a largo plazo (futuras generaciones). Dicho esto, Ponce Solé reconoce que “el análisis coste-beneficio abre la puerta a consideraciones más generales sobre el derecho a una buena administración y el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia”.
 
¿El siguiente paso para una democracia madura?
 
¿Cómo construir una administración más eficiente? ¿Qué necesitamos y cómo podemos pagarlo? Preguntas como estas son clave en nuestro país.
 
“Tras la política expansiva y el análisis, necesitamos una tercera etapa, la de evaluación”, explica Juan Luis Manfredi, director del Observatorio para la Transformación del sector público de ESADE. “Qué le estoy dando al ciudadano con cada euro que me da, vía impuestos, para que se lo gestione. Y eso no se ha hecho. Ahora está de moda remunicipalizar algunos servicios. ¿De verdad eso mejora el resultado para los ciudadanos? En ese maremágnum de gestión publica, privada y mixta, vamos a salir perdiendo”.
 
No obstante, Manfredi cree que analizar exclusivamente las políticas públicas desde un ángulo coste-beneficio no tiene sentido. Hay infinidad de campos donde la rentabilidad no se puede medir en lo que algo cuesta, como por ejemplo, las vacunas o las políticas medioambientales. Es lógico que el Estado atienda esas parcelas ineficientes.
 
Pone como ejemplo de avances para dotar de mayor rigor a las cuentas del Estado a agencias como la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Y concluye con una visión optimista del gasto público: “Aunque esto no se aprende en un día, la democracia española madura. Ahora se exige que las leyes vayan acompañadas de una memoria económica. La ciudadanía está cada vez más informada y es menos tolerante al despilfarro”.
 
 
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Imagen:  Isaiah115 via Foter.com / CC BY-SA